Cursos y Actividades

Taller de Derechos Sexuales y Reproductivos

Taller de Derechos Sexuales y Reproductivos
Realizado el 16/07/09
Coordinadora: Dra. Amelia del Sueldo Padilla
Coordinadora de la Sede AASES Tucumán

En la Biblioteca Crisálida de diversidades psico-afectivas comenzaron a dictarse los talleres programados para el cte. año. Fue así que iniciamos las reuniones desarrollando la temática propuesta.
Hablar de los derechos sexuales y reproductivos es hablar de derechos humanos. Para que esos derechos puedan ser ejercidos por niños, niñas, adolescentes y adultos, existen dos condiciones fundamentales: la educación sexual impartida desde la institución escolar y los servicios de salud sexual y reproductiva amigables para provistos desde los efectores de salud.
Mucho se habla de los derechos sexuales y reproductivos pero no todos conocemos sus alcances.
Todas las personas del país independientemente de su clase social, sexo, identidad genérica, práctica sexual, etnia y edad gozan iguales derechos.

Se realizó una introducción con información y material de trabajo para luego realizar role-playing y obtener las conclusiones del grupo. Para ello se hizo hincapié en el reconocimiento de los derechos a trabajar:
a. Obtener información y orientación completa, veraz y suficiente sobre su cuerpo, sus funciones y procesos reproductivos expresados en términos sencillos y comprensibles para que puedan tomar decisiones y favorecer el auto- conocimiento.
b. Disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, libre de discriminación, coacción o violencia.
c. Ejercer su preferencia sexual, libremente y sin sufrir discriminación, coacción o violencia.
d. Elegir si tener o no tener hijos y con quien tenerlos, el número de hijos y el espaciamiento entre sus nacimientos.
e. Acceder a una atención gratuita e integral de la salud sexual y reproductiva.
f. Acceder a métodos anticonceptivos seguros, asequibles y de calidad y elegir el que más se adapta a sus necesidades, criterios y convicciones.
g. Obtener los métodos anticonceptivos en forma totalmente gratuita.
h. La intimidad, igualdad y no discriminación en la atención de la salud sexual y reproductiva.
i. Recibir una educación sexual integral, conforme a derechos y información veraz, adecuada a los niveles de desarrollo de las personas.
Estos derechos están protegidos por nuestra Constitución Nacional (art. 19 y 33) y los tratados internacionales que la integran: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 10, 12, 14, 16 y 24), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2, 3, 7, 9, 17, 18, 19, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2, 3, 12 y 13), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, 7,11, 12, 13), la Convención de los Derechos del Niño (art. 2, 3, 12, 13, 14, 16, 19, 24 y 28), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Artículo XI) y Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25.1). También están protegidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (art. 3, 4, 6, 7, 8).
Asimismo, existen leyes nacionales y provinciales vinculadas. Por un lado, las leyes que refieren centralmente a las obligaciones del sistema de salud en colaboración con otras instituciones del estado. Este grupo comprende la Ley Nacional Nº 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, las leyes propias o de adhesión de casi todas las jurisdicciones nacionales en materia de salud sexual y reproductiva, el Protocolo Facultativo CEDAW, la Resolución de incorporación al Plan Médico Obligatorio de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia y la normativa que obliga a Obras Sociales y Prepagas a la provisión gratuita de métodos anticonceptivos.

También resulta central destacar la ley nacional que específicamente establece las obligaciones del sistema educativo en lo referido a la educación sexual. Se trata de la ley Nº 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual. Es importante notar también que, hacia mediados del 2008, en el marco del Consejo Federal de Educación se aprobaron los Lineamientos Curriculares relativos a la educación sexual.

Por otro lado, en lo referido específicamente a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el año 2006, se sancionó una ley fundamental. A pesar de la ratificación de la CDN, la adecuación de la normativa nacional a sus postulados se produjo recién en ese año con la sanción de la ley nacional Nº 26.061 de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta norma rige en todo el territorio nacional e impone la obligación de respetar la condición de sujeto de derecho de las niñas, niños y adolescentes, tener en cuenta siempre su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales (art. 3 incisos a y d).

Para ser garantizados por el Estado (en sus diferencias instancias), estos derechos deben ser promovidos. Para ello, todas las instituciones del estado deben generar las condiciones materiales y simbólicas para su efectivo ejercicio. Entre las condiciones materiales se encuentra el acceso GRATUITO a los servicios y los insumos de salud sexual y reproductiva así como a una educación sexual integral y de calidad. Las condiciones simbólicas se relacionan con las herramientas necesarias para la construcción de autonomía y la libre decisión.
Se trata de derechos universales que deben ser ejercidos por personas singulares. Por este motivo, abordar la educación sexual desde la perspectiva de derechos implica un trabajo en tres tiempos lógicos:
1. el reconocimiento de los obstáculos que las personas tienen para ejercer los derechos,
2. la necesidad de brindar información adecuada y
3. la necesidad de construir la capacidad para el ejercicio de los derechos (a la salud, a la salud sexual, a la educación).
Es en este sentido que la sexualidad está estrechamente relacionada con el ejercicio de la ciudadanía. Queda en claro que las instituciones sanitarias y educativas tienen un papel crucial en la garantía de esos derechos.

Como conclusión nos quedó en claro que a pesar que se avanzó mucho en el tema, aún no se dan las condiciones para que el acceso real y efectivo sea equitativo.