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Derechos sexuales y reproductivos en adolescentes

Los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes

Por: Burgos, Débora, Macilla, Susana, Nieva, Mabel Inés y Torres, María Estela
Egresadas del Curso de Formación en Sexualidad de AASES

Introducción

Nuestro trabajo planteará los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, porque consideramos imperativo tomar medidas oportunas y decididas respecto a los problemas que plantean el desarrollo social y humano de éstos. Además de enfrentar los cambios fisiológicos y psicológicos que los convierten en personas adultas – cambios casi siempre difíciles – los adolescentes deben adaptarse a un mundo que representa para ellos posibilidades de vida, pero también amenazas a su integridad personal y a su dignidad humana.

Desarrollo

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad, son inherentes a todos los seres humanos. Como tales son parte inalienable, integral e indivisible de los mismos. Para que estos derechos puedan ser ejercidos por niños, niñas y adolescentes existen dos condiciones fundamentales: la educación sexual impartida desde la institución escolar y los servicios de salud sexual y reproductiva amigables para adolescentes provistos desde los efectores de salud.
Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades.

Derecho a:

a. Obtener información y orientación completa, veraz y suficiente sobre su cuerpo, sus funciones y procesos reproductivos expresados en términos sencillos y comprensibles para que puedan tomar decisiones y favorecer el auto- conocimiento.

b. Disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, libre de discriminación, coacción o violencia.

c. Ejercer su preferencia sexual, libremente y sin sufrir discriminación, coacción o violencia.

d. Elegir si tener o no tener hijos y con quien tenerlos, el número de hijos y el espaciamiento entre sus nacimientos.

e. Acceder a una atención gratuita e integral de la salud sexual y reproductiva.

f. Acceder a métodos anticonceptivos seguros, asequibles y de calidad y elegir el que más se adapta a sus necesidades, criterios y convicciones.

g. Obtener los métodos anticonceptivos en forma totalmente gratuita.

h. La intimidad, igualdad y no discriminación en la atención de la salud sexual y reproductiva.

i. Recibir una educación sexual integral, conforme a derechos e información veraz, adecuada a los niveles de desarrollo de las personas.
Estos derechos están protegidos por nuestra Constitución Nacional (art. 19 y 33) y los tratados internacionales que la integran: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 10, 12, 14, 16 y 24), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2, 3, 7, 9, 17, 18, 19, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2, 3, 12 y 13), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, 7,11, 12, 13), la Convención de los Derechos del Niño (art. 2, 3, 12, 13, 14, 16, 19, 24 y 28), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Artículo XI) y Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25.1).
Asimismo, existen leyes nacionales y provinciales vinculadas. Por un lado, las leyes que refieren centralmente a las obligaciones del sistema de salud en colaboración con otras instituciones del estado. Este grupo comprende la Ley Nacional Nº 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, las leyes propias o de adhesión de casi todas las jurisdicciones nacionales en materia de salud sexual y reproductiva, el Protocolo Facultativo CEDAW, la Resolución de incorporación al Plan Médico Obligatorio de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia y la normativa que obliga a Obras Sociales y Prepagas a la provisión gratuita de métodos anticonceptivos.
Por otro lado, en lo referido específicamente a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el año 2006, se sancionó una ley fundamental. La ley nacional Nº 26.061 de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta norma rige en todo el territorio nacional e impone la obligación de respectar la condición de sujeto de derecho de las niñas, niños y adolescentes, tener en cuenta siempre su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales (art. 3 incisos a y d).

En octubre de 2006, el Congreso sancionó la Ley Nacional de Educación Sexual Integral Nº 26150, establece que “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada en todo el país”. La escuela debe incorporar contenidos curriculares específicos en este terreno pero también puede construir espacios de diálogo con los alumnos respecto a su sexualidad.

Distintas encuestas revelan que:

 Actualmente, la actividad sexual de las adolescentes tiende a iniciarse más tempranamente. El número de las que han tenido relaciones sexuales entre los15 y los 19 años de edad se incrementó de 20% a 25% entre 1995 y 2000

 En América Latina, las culturas sexuales van desde permisivas hasta conservadoras y varían según el sexo, la posición socioeconómica, raza, etnicidad, ubicación geográfica y otros factores. El noviazgo y la postergación del matrimonio son comunes para algunas/os adolescentes, mientras que otras personas jóvenes de la región mantienen patrones más tradicionales de matrimonio o convivencia y reproducción precoces.

 Los niveles de anticoncepción, aborto inducido y actividad sexual temprana son un tanto más elevados en América Latina que en la mayoría de las demás regiones del mundo en desarrollo. La doble moral aplicada a la conducta sexual presiona a los niños a iniciar temprano su actividad sexual, mientras que simultáneamente alienta y penaliza a las niñas que hacen lo mismo.

 Proporciones muy elevadas de niños reportan haber tenido coito heterosexual cuando tenían 14 años o menos. Las niñas tienen menos probabilidades que los varones de reportar relaciones sexuales tempranas. Según las estadísticas entre el 5 por ciento de chicas y el 16 por ciento dicen que tuvieron su primer coito antes de los 15 años. Dado que los varones tienden a exagerar acerca de sus actividades sexuales y las jóvenes a negarlas, las diferencias de género en las experiencias sexuales podrían de hecho ser más estrechas de lo que parecen.

 En la actualidad, las parejas jóvenes tienen una probabilidad mucho mayor de convivir informalmente, que de casarse. Algunas uniones tempranas son resultado del embarazo.

 Un estudio realizado en varios países de América latina reveló que el 32 por ciento de los varones adolescentes y el 48 por ciento de las chicas que habían tenido experiencias sexuales dijeron que su primer coito había sido forzado. La coerción fue más común entre quienes tuvieron su primera relación sexual a los 12 años o antes.

Las evidencias muestran que muchas chicas y muchachos tienen una información limitada y errónea sobre las relaciones sexuales y la reproducción, aun cuando a la edad de 14 años o menos algunas/os ya estén involucrándose en actividades sexuales o se les haya forzado a tenerlas y el hecho de no proporcionar información ni servicios a adolescentes jóvenes sólo incrementa la probabilidad de que al momento de la iniciación sexual, si ésta llega a ocurrir, no utilizarán protección alguna. Las personas jóvenes necesitan no sólo información básica acerca de sus cuerpos y de cómo prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo; también requieren programas que aborden la igualdad de género, los derechos y responsabilidades, además de la negociación y la toma de decisiones en materia de sexualidad y reproducción.

Se debería garantizar una participación significativa de las y los adolescentes en el diseño de programas, leyes y políticas que afectan sus vidas sexuales y reproductivas.
Como así también es indudable que las familias tienen también un papel muy relevante y una responsabilidad innegable en la formación sexual de sus hijos que es muy necesario que ejerzan y no delegar totalmente esa responsabilidad a las instituciones educativas.
Las escuelas pueden establecer puentes con las familias, a fin de desarrollar procesos de trabajo conjuntos y al estado le corresponde la posibilidad de igualar las oportunidades de acceso a información de calidad y recursos efectivos a los niños y adolescentes de todo el país para así promover la salud de toda la población.

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