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Derecho de los jovenes

Diecisiete países suscribieron en la ciudad española de Badajoz (oeste) la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud.

Se trata del primer texto de carácter internacional nacido para proteger el desarrollo y las oportunidades de quienes tienen entre 14 y 25 años, unos 120 millones de personas en la región iberoamericana.

Las conclusiones de este convenio se incorporarán además a los trabajos de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en la ciudad española de Salamanca los próximos días 14 y 15.

Los países firmantes, cuyos parlamentos deberán ahora ratificar el acuerdo, fueron, además de España y Portugal, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud consta de 44 artículos que recogen desde principios generales, como el derecho a la vida, a la justicia o a la libertad de expresión, hasta garantías más concretas, como el derecho a la vivienda, a la educación sexual o a la objeción de conciencia ante el servicio militar.

Según explicó la directora del Instituto Nacional de la Juventud de Chile, Paulina Fernández, su país no se adhirió al texto porque los recientes cambios en el organismo que dirige impidieron cumplir con los trámites administrativos necesarios.

Argentina, por su parte, se limitó a firmar su apoyo político al texto, pero tampoco se adhirió por el momento a la convención, ya que, según apuntó su director nacional de Juventud, Mario Cascallares, hacerlo supondría contar con un tratado de rango constitucional y, antes de ello, es necesario abordar reformas.

Además, varios de los países que sí firmaron la Convención lo hicieron con reservas a algunos artículos, incompatibles con su legislación nacional, como ocurrió con la objeción de conciencia en el caso de los Estados en los que el servicio militar es obligatorio.

A pesar de ello, el secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), Eugenio Ravinet, confió en que cuando cada parlamento ratifique el texto se levanten esas objeciones.

El objetivo de la OIJ, que trasladará el documento a la próxima Cumbre Iberoamericana de Salamanca, es que en un futuro la Convención forme parte del sistema jurídico de derechos humanos de las Naciones Unidas, para promover su adopción mundial.

En la jornada de clausura, la directora general del Instituto español de la Juventud (INJUVE), Leire Iglesias, confió en que todos los países firmantes sean capaces de hacer cumplir la Convención para poder “exportarla” a países en los que los jóvenes viven circunstancias todavía peores, debido a su papel en los conflictos armados.

Iglesias destacó el valor de un tratado que protege jurídicamente derechos tan importantes como la paz, la igualdad entre hombres y mujeres o la educación, y que también incluye “deseos”, como la desaparición del servicio militar obligatorio.

La presidenta del Consejo Directivo de la OIJ, la peruana Carmen Vegas, confió también en que la Convención, un instrumento legal que respaldará las políticas públicas, sirva para cambiar la vida de millones de jóvenes latinoamericanos “que quieren empezar a sonreír y salir de la pobreza”.

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